El Ayuntamiento de Inca adquirirá la totalidad de la propiedad del Nou Camp, estadio que utiliza el Constància. Una importante parte del recinto deportivo está aún en manos privadas, a pesar de que el Ayuntamiento es el accionista mayoritario.

Sin embargo, no se trata de una operación fácil en absoluto pues para poder llevarla a cabo va a ser necesaria la presentación de una demanda de división de la cosa común ante el juzgado. Eso es consecuencia de que no han aparecido todos los propietarios.

Cabe explicar que cuando se construyó el Nou Camp, en 1962, se emitieron acciones para sufragar las obras. Desde entonces estas acciones han ido pasando de padres a hijos, en muchos casos, y otros se supone que han desaparecido. El Ayuntamiento ha ido adquiriendo acciones y recibiéndolas en donación a lo largo de estos años. Quedan en manos privadas un total de 450 acciones.

Subasta

La figura judicial de división de la cosa común implica que la venta debe hacerse por subasta. Como los vendedores y el Ayuntamiento están de acuerdo, el consistorio pagará las acciones a un precio de 6.500 euros, la mitad del valor catastral de dichos títulos, que es de 13.000 euros. Los propietarios están de acuerdo en vender al 50% con el interés de que el estadio sea municipal y pueda seguir siendo utilizado por el Constancia y sus equipos de base.

La compra supondrá para el Ayuntamiento de Inca una inversión de 1,8 millones de euros.

El inconveniente radica en que debiendo efectuarse la venta mediante subasta puede aparecer un tercer comprador que se adjudique la propiedad. No obstante, los accionistas hicieron donación del usufruto por un período de 20 años al Constància, de los que aún restan 17 años. Esto significa que si un tercero quisiera adquirirlo no tendría disponible la propiedad hasta dentro de 17 años.

Depósito

Una vez efectuada la división y acudiendo a la subasta, el Ayuntamiento de Inca deberá depositar el dinero en el juzgado, que pagará a los propietarios y guardará por diez años el dinero de quienes no acudan a cobrar. Pasado ese período de caducidad, el dinero se ingresará en Hacienda, adjudicándose al Estado.

Fuentes de la junta de propietarios señalan que existen unos 25 accionistas no localizados. Sin embargo, sostienen que se está trabajando para que al final se reduzca sólo a cinco o seis.