Poner límites a los desahucios, agilizar los trámites para edificar vivienda protegida, ceder suelo público para este tipo de promociones y reforzar la posibilidad de hacer residencias más pequeñas y elevar su número en un edificio son algunas de las medidas presentadas ayer y que el Govern tiene la intención de aprobar por vía de decreto ley con la "mayor celeridad posible". Otra novedad es que el Ejecutivo autonómico se reserva el derecho de tanteo y retracto para quedarse con los inmuebles procedentes de desahucios y daciones en pago cuando un gran tenedor pretenda venderlos a otra gran empresa, como en el caso de los 'fondos buitre'.

La reunión de la mesa de la vivienda de Balears celebrada ayer, en la que estuvo presente la presidenta del Govern, Francina Armengol, sirvió para presentar las 25 medidas con la que el Ejecutivo pretende hacer frente al problema de los elevados precios inmobiliarios de las islas, expuestas por el conseller del ramo, Marc Pons.

Aunque no se descarta que estas medidas puedan ir al Consell de Govern del próximo viernes, las discrepancias al plan expuestas por Podemos y Més a algunos de sus puntos hacen que ahora se plantee convocar reuniones entre los socios de Govern para limar estos problemas.

Desahucios

Una de las medidas incorporadas a este plan es que los grandes tenedores de viviendas (como es el caso de las entidades bancarias) no podrán iniciar un proceso de desahucio si no han ofrecido antes a la familia que ocupa el inmueble un alquiler social. Este no podrá superar el 30% de los ingresos de los inquilinos.

Además, cuando estos grandes tenedores tengan en su poder viviendas que han obtenido precisamente por desahuciar a sus anteriores inquilinos o por daciones en pago, y pretendan venderlas a otro gran tenedor, el Govern tendrá derecho de tanteo y retracto, es decir, tendrá preferencia para comprarlas para ampliar así el parque de inmuebles públicos.

También podrá hacerlo en caso de edificios con vivienda protegida y sobre suelo destinado a este tipo de inmuebles, y cuando un banco pretenda vender inmuebles de su propiedad a fondos de inversión o a sus sociedades inmobiliarias.

Suelo público

Tal y como adelantó Diario de Mallorca el pasado sábado, el plan del Ejecutivo balear permitirá que suelo destinado a equipamientos públicos que aun no se han edificado pueda albergar también viviendas en alquiler con precio limitado. Estas residencias podrán ser promovidas tanto por la Administración como por empresas privadas, pero éstas solo podrán explotarlas durante un máximo de 75 años, para luego pasar a manos públicas, y además el precio de los alquileres deberá respetar los límites que fije el Ejecutivo autonómico, que serán bajos al no haber coste por el terreno. Los Ayuntamientos y Consells Insulars deberían comunicar a la Conselleria el suelo público de que disponen.

Además, se abre la puerta a que los ciudadanos adquieran el derecho a hacer uso de una vivienda con limites en su precio por un tiempo máximo de 75 años.

También se permitirá que los cooperativistas de vivienda protegida puedan adjudicarse esos pisos sin pasar por la lista de demandantes.

Edificios inadecuados

Los edificios inacabados en suelo urbano, con licencia caducada y que no se adapten al planeamiento en vigor, podrán terminar de construirse si se dedican a vivienda protegida y además se cede a la Administración la superficie que no adecúa a la normativa en vigor, para ampliar también así el parque de viviendas públicas.

Pisos más pequeños

Los edificios de vivienda protegida podrán albergar residencias que tengan una superficie media de 60 metros cuadrados, lo que supone que al reducir su tamaño respecto a las densidades fijadas en la zona también puede rebajarse su precio. Esta medida ya estaba contemplada en la legislación balear, pero se refuerza dado que algunos Ayuntamientos no la aplicaban.

Trámites ágiles

Se abre la puerta a que los colegios profesionales, como los de arquitectos y de aparejadores, elaboren informes de idoneidad sobre las nuevas promociones para así reducir las cargas de trabajo en los Ayuntamientos y agilizar la tramitación de proyectos. Además, el Consell de Govern podrá aprobar directamente las licencias de obra para vivienda protegida y los instrumentos de gestión de suelo público para vivienda regular.

Parque público

El presupuesto destinado por el Govern durante este año para la construcción de vivienda pública asciende a 40 millones de euros, lo que debe permitir que a finales del presente ejercicio haya 585 en fase de ejecución o de licitación, 396 de ellas en Mallorca.

A ello se suma la creación del Monitor Balear de la Vivienda para conocer su situación y precio en cada municipio, junto con la Fundación Impulsa.