La Plataforma antiautopista pide al Gobierno de las Islas Baleares y al Consell de Mallorca la denuncia del vigente convenio de carreteras por «inaplicable», y su reconversión en un convenio para la movilidad sostenible. La deuda del estado con Baleares a cuenta de los convenios no abonados y cerrados en falso (convenios ferroviarios y de carreteras) suponen cerca de 800 millones de euros que permitirían impulsar, de manera decidida, el transporte público en las Islas Baleares y el Plan Director Sectorial de Movilidad (PDSM) que propone el gobierno de Francina Armengol. Hacerlo requiere, según la Plataforma, el «coraje político de renunciar a las autopistas y denunciar un convenio muerto, obsoleto e inviable »como el que liga el Consejo de Mallorca a unas políticas «absurdas, contradictorias y depredadoras».

En doce años de vigencia del actual convenio de carreteras, el Consejo de Mallorca sólo ha percibido las anualidades de los primeros cinco años, y tiene todavía pendientes de percibir 237 millones de euros (el 55% del total del convenio) cuando sólo quedan tres anualidades por delante. La situación es «insostenible» para que el Consejo aún no ha acabado de justificar los 194 millones de euros que se percibieron entre 2007 y 2011. El convenio de carreteras ha demostrado ser «inaplicable y sobredimensionado», a juicio de la plataforma, y ​​ha terminado por embarcar el Consejo en una «absurda carrera para hacer obras faraónicas e innecesarias »para intentar justificar, tan sólo, el dinero percibido durante los primeros cinco años de vigencia del texto (2007-2011).

Esta cantidad (194 millones de euros), que sólo es el 45% del total previsto, no se ha justificado del todo cuando ya han pasado nueve años y, según la Plataforma, «si se sigue con el intento del anterior equipo (Garrido-Ensenyat) de aferrarse al actual modelo, pueden darse por perdidos los 237 millones de euros pendientes de cobrar, que son el 55% del convenio ». Hay que recordar que desde 2012 el Estado no ha ingresado ni un céntimo al Consejo por este concepto y nada parece indicar que se puedan cumplir unas previsiones demasiado ambiciosas, que no se han podido ejecutar en doce años, y que no se ejecutarán en los tres años de vigencia que le quedan a un acuerdo que ya ha sido prorrogado en varias ocasiones. 

Estas cifras ponen de manifiesto, a los ojos de los ecologistas, que el convenio de carreteras está «claramente sobredimensionado" y que el Consejo ha sido incapaz, a lo largo de tres legislaturas, de ejecutar las obras viarias previstas al ritmo exigido por el convenio. Esto, a pesar de la fortísima gasto en obras viarias absurdas, innecesarias y destructivas: autopista de Campos, acceso a Lloseta, variante de Algaida, vía conectora ...

Ante esta situación, la Plataforma antiautopista quiere hacer ver a los partidos del pacto de Gobierno la oportunidad que se presenta. En sus programas electorales autonómicos, ni PSOE, ni Unidas Podemos no hicieron ningún mención del convenio, y MÉS apostó por ampliar su campo de aplicación de las infraestructuras a la movilidad en general. En los acuerdos de gobernabilidad del Consejo y del Gobierno de las Islas Baleares sólo aparece que las instituciones mallorquinas y baleares reclamarán en Madrid el dinero que falta para recibir del actual convenio (el 55% del total).

Ante las reiteradas afirmaciones de los líderes de los partidos de izquierda que «no se ejecutarán más desdoblamientos », la Plataforma antiautopista denuncia una vez más el sobredimensionamiento y la inviabilidad del convenio y reclama a Francina Armengol que ejerza de líder del PSIB ante un Consell "enrocado en el pasado" y que defienda intereses baleares ante Madrid. Le reclaman que "presione para recuperar los 237 millones de euros pendientes y los destine a impulsar políticas de movilidad sostenible, coherentes con el estado de emergencia climática que Mallorca, Baleares y el mundo afrontan en estos momentos decisivos ".

La Plataforma pide igualmente al Consejo de Mallorca que denuncie de una vez un convenio que es incompatible con las políticas de movilidad sostenible que impulsa el Gobierno de las Islas Baleares en el su Plan Director Sectorial de Movilidad (PDSM). Hay que Consejo, Gobierno y partidos políticos con representación parlamentaria en Madrid trabajen conjuntamente y aprovechen "la oportunidad que les ofrece la evidente naufragio del irrescatable convenio de carreteras para impulsar un modelo de movilidad radicalmente nuevo "y adaptado los nuevos tiempos.

Los ecologistas piden a los partidos políticos que han de concurrir a las inminentes elecciones generales de día 10 de noviembre que reclamen que los 237 millones de euros pendientes de ejecutar no se destinen a nuevas obras viarias sino a un nuevo convenio ferroviario. Piden igualmente que este dinero se sumen a los 200 millones de euros que el estado debe a Baleares en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo relativa a un convenio general de carreteras no satisfecho, ya los 334 millones de euros pendientes de abonar a cuenta del convenio ferroviario anteriormente firmado entre el Gobierno de las Islas Baleares y el de España y desguazado por el Gobierno de José Ramon Bauzà.

Se podrían ejecutar los trenes de Alcúdia, Santanyí y Cala Rajada, el metro en Son Espases y el tranvía en la bahía. La suma de toda la deuda pendiente del estado en las Islas Baleares en materia de movilidad eleva, por tanto, hasta un total de 771 millones de euros «que se destinarán a la movilidad sostenible ».

Este dinero permitirían ejecutar las líneas ferroviarias incluidas en el nuevo Plan Director Sectorial de Movilidad (PDSM): sa Pobla- Alcúdia (corredor de Alcúdia), Manacor-Artà-Cala Rajada (corredor de Artà), Palma-Llucmajor-Campos-Felanitx-Manacor (corredor de Migjorn), la llegada del metro hasta Son Espases y el tranvía de la bahía de Palma y el aeropuerto. Esto, además de las inversiones en movilidad sostenible y transporte público que deberían ejecutar al resto del archipiélago.

En resumen, sostiene la Plataforma, "hay que renegociar de manera urgente y prioritaria toda la deuda que el estado tiene con Baleares y con Mallorca a cuentas de los convenios incumplidos de carreteras y ferrocarriles, renunciar al inaplicable convenio de carreteras del CIM y destinar todo este montante (771 millones de euros) a impulsar de manera decidida los ferrocarriles y el aumento de las frecuencias y líneas de los buses interurbanos ".