Los 650 propietarios de viviendas vacacionales del municipio de Manacor están indignados con la Delegada de Hacienda Local en Manacor María Antònia Truyols, se ha empeñado la regidora socialista que paguen la basura al doble de su precio con respecto al último año, en un ejercicio que no ha habido ninguna actividad empresarial. Se trata de la tasa de incineración. Ninguna aclaración al respecto.

La Federació d’Associacions de Propietaris d’Estances Turístiques Vacacionals (Federació ETV Mallorca) ayudó a los residentes de Manacor a interponer recursos vía administrativa e hizo todas las consideraciones legales del error de la edil, más de 200 personas firmaron la petición ante el Ayuntamiento de Manacor para evitar el agravio con respecto a otros municipios y pidieron amparo al alcalde Miquel Oliver y la propia Truyols. Han terminado los plazos y el Ayuntamiento les dice que pasen por caja.

Los 650 propietarios de viviendas vacacionales del municipio de Manacor han decidido ponerle un pleito al Ayuntamiento ante la justicia ordinaria y llegar hasta la instancia que sea necesaria. Harán un fondo entre todos para asumir la provisión de fondos. Aseguran estar cargados de razones que les ampara y no tolerarán una injusticia tan mayúscula.

La broma tiene nombre y apellidos, en años anteriores se pretendía cobrar por incinerar en rústico sobre 125 euros por vivienda y ahora con el Pacte de izquierdas se deberá pagar sobre 235 euros, 105 euros más, el año donde no se ha incinerado nada porque no hubo clientes al cerrarse todo el 14 de marzo de 2019. Todos quieren pagar si la actividad existiese, aunque la subida sea una exageración, pero sin trabajar ni generar residuos, incomprensible la tozudez de la concejala.

Por estos antecedentes las cientos de familias de este municipio se han dirigido a un bufete de abogados y estudian como demostrar la irregularidad y el abuso. La Federació d’Associacions de Propietaris d’Estances Turístiques Vacacionals (Federació ETV Mallorca) seguirá apoyando a los vecinos/as y les asesorará en lo que pueda porque entienden que es una injusticia y solo pueden poner remedio los jueces. Se pasa al cobro los recibos de los últimos 4 años, pero el cuarto además de cobrarse sin existir actividad se carga como decimos más de 100 euros. Lo que ha provocado la indignación y el enfado.