Alerta Ciudadana. Soy propietaria de una finca rústica en Mallorca, situada en la zona de Son Valls (Felanitx). Desde hace casi un año mantengo un procedimiento judicial abierto por usurpación en el Juzgado de Manacor, tras la ocupación ilegal de mi propiedad por parte de un grupo de personas. Esta situación me ha llevado a una profunda frustración y a una reflexión amarga sobre la lentitud del sistema judicial y la sensación de desprotección que sufrimos muchos propietarios que cumplimos la ley.

La ocupación ilegal es un delito. El Código Penal español, en su artículo 245.2, establece claramente que: “El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa.”. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en mi finca: una ocupación sin título, sin consentimiento y contra mi expresa voluntad como propietaria legítima. Construcciones y asentamientos ilegales en suelo rústico.

En mi propiedad se ha levantado un campamento estable, con presencia continuada de al menos ocho hombres, además de mujeres y niños. sin ningún tipo de autorización administrativa. Como propietaria de suelo rústico, yo estoy obligada por ley a: Solicitar licencias urbanísticas. Esperar años de tramitación. Cumplir estrictamente la normativa de ordenación del territorio. Cualquier ciudadano que construya ilegalmente en suelo rústico sabe que se expone a sanciones económicas y órdenes de demolición, conforme a la normativa urbanística vigente. Sin embargo, en este caso, dichas obligaciones parecen no aplicarse.

Daños, contaminación y abandono de residuos. He denunciado ante SEPRONA la contaminación del suelo, el almacenamiento de chatarra y la acumulación de residuos, así como la existencia de heces humanas en los linderos de la finca, hechos que podrían constituir infracciones administrativas e incluso penales relacionadas con la protección del medio ambiente. Ha pasado casi un año desde la denuncia y, hasta la fecha, no consta sanción efectiva alguna. He oído en varias ocasiones “ Esa gente no tienen nada que perder”. Sin embargo, cualquier ciudadano que trabaja, paga impuestos y cumple la ley sabe que una infracción ambiental suele conllevar sanciones casi inmediatas.

He tenido que acudir hasta tres veces a la Guardia Civil de Felanitx hasta que se recogiera la denuncia. Recientemente, tras comprobar nuevos destrozos, intenté hablar con los ocupantes para pedirles que cesaran en la contaminación de la finca. La respuesta fueron insultos, gritos y amenazas, conductas que podrían encajar en lo previsto en el artículo 172 del Código Penal, relativo a las coacciones.

Me senté en el suelo, exhausta por la impotencia, frente a unos cinco hombres, donde lo único que yo tenía en las manos era un móvil que usé para grabar lo ocurrido, tras los insultos, afirmaron que “todo había valido la pena” porque el dinero que se van ahorrando en alquiler les había permitido comprar más coches. Actualmente hay alrededor de diez vehículos dentro de mi propiedad, entre camiones, furgonetas, turismo, incluyendo un Audi de una versión mucho más nuevo que el mío!

¿Es la ley igual para todos?. Al contribuyente se le exige cumplir cada norma. Al contribuyente se le exige paciencia ante los interminables trámites administrativos, incluyendo años de espera para obtener una licencia de edificación en suelo rústico. Al contribuyente se le exige el pago riguroso de impuestos —por sus ingresos, por sus propiedades— y el cumplimiento estricto de todas sus responsabilidades legales. Sin embargo, quienes usurpan, contaminan y degradan una propiedad ajena, si son insolventes parecen moverse en un limbo donde la ley llega tarde… o simplemente no llega.

Privar a un propietario del acceso a su inmueble durante tanto tiempo —un bien adquirido con trabajo, esfuerzo y sacrificio económico— ya es de por sí grave. Permitir que, además, se destruya y se degrade impunemente es profundamente injusto e inhumano. Y sé que cuando les desalojen, volverán a okupar otro inmueble, Porque esos ya vienen desalojados de otra finca in Sa Pobla donde se mantuvieron mas de 2 años. (según fuente que no puedo desifrar). Llegan a las propiedades preguntando por chatarra, es una manera de entrar a conocer el inmueble, y los movimientos de los propietarios, y luego se meten poco a poco, primero una pareja de apariencia vunerable con niños, luego viene todo el grupo de hombres y mujeres.

Después de esta experiencia, me veo obligada a expresar una percepción personal tan dura como sincera: La ley no se aplica con la misma firmeza a todos. Y tengo la inquietante sensación de que, cuando quienes infringen la ley “no tienen nada que perder”, existe un preocupante desinterés por parte de quienes deberían hacerla cumplir.

Nota final. Este testimonio se realiza desde el respeto a la legalidad y con la única intención de expresar una frustración personal y visibilizar una realidad que afecta a muchos propietarios, que viven situaciones similares en silencio y en una sensación de desamparo, como yo. Sale hoy publicado en las redes sociales de FACEBOOK.