La mitad de las zonas tensionadas de alquiler en España vota contra el control de rentas

Los partidos ganadores en las elecciones municipales del 28M en las poblaciones que cumplen los requisitos de áreas de mercado residencial tensionado

En casi la mitad (49%) de los cerca de 300 municipios que cumplirían con los criterios para ser declarados como zonas de mercado residencial tensionado, según el estudio de idealista, el partido ganador de las pasadas elecciones municipales del 28M fue el Partido Popular, que ya ha anunciado su negativa a aplicar este control a los precios de los alquileres. Si sumamos a otras formaciones que se han mostrado en contra del tope a las rentas, el porcentaje se eleva al 53%, mientras que en solo un 39% de estas localidades, el ganador de los comicios municipales fue un partido que sí apuesta por el límite al alquiler, principalmente el PSOE.

Algunas de las medidas que se incluyen en la nueva Ley de Vivienda, en vigor desde el pasado 26 de mayo, parece que no van a surtir efecto tras los resultados de las pasadas elecciones autonómicas y municipales del 28M. Mientras desde hace más de un año, se mantiene el tope del 2% en la subida de las rentas en la actualización de los contratos de alquiler, que será del 3% en 2024, una de las políticas estrella de la nueva normativa se ha quedado ‘de facto’ en papel mojado: la declaración por parte de las CCAA de zonas de mercado residencial tensionado, que suponen un límite a los nuevos contratos que se realicen en esas zonas, entre otras medidas.

Los resultados autonómicos confirman el rechazo de la mayoría de los votantes a aplicar topes a los precios de los alquileres y a un control del mercado de arrendamiento, y se ven refrendados con los datos de las elecciones municipales, sobre todo, en aquellas zonas donde se cumplirían los requisitos para ser catalogadas como zonas de mercado residencial tensionado.

Según el estudio de idealista, el marketplace inmobiliario del sur de Europa, de los 291 municipios de España donde se podría decretar esta medida, en el 53% de ellos la formación más votada se ha mostrado en contra de controlar el mercado de alquiler. De hecho, el 49% de estas localidades votó al PP, el principal partido de la oposición que ha declarado su rechazo a aplicar cualquier intervención en el arrendamiento. Mientras que, en un 39% de estas poblaciones, el ganador de los comicios municipales fue un partido que sí apuesta por el límite a los alquileres, en su mayoría el PSOE. El 8% restante corresponde a listas locales que no han ofrecido su parecer sobre la nueva Ley de Vivienda.

Por CCAA, Andalucía (63), Comunitat Valenciana (58), Cataluña (38) y Madrid (33) son las regiones en las que más municipios podrían declararse como zonas tensionadas de alquiler. Sin embargo, de ellos, solo el gobierno autonómico catalán ha afirmado que sí aplicaría este punto de la Ley de Vivienda.

Una situación que se confirma con el resultado de las elecciones municipales del 28M. Mientras en Andalucía, el 60% de los municipios proclives a ser declarados tensionados dejó como formación más votada a un partido que se ha mostrado en contra del control de alquileres, en Cataluña, el 74% de estos municipios votó a favor, siendo la lista más votada un partido que ha declarado su intención de aplicar límites al mercado de arrendamiento.

En la Comunidad de Madrid, las localidades ‘tensionadas’ que votaron ‘No’ se dispara hasta el 76%, mientras en la Comunidad Valenciana la situación se equipara con un porcentaje de 50% en contra, y un 45% a favor.

Con muchas menos localidades que cumplan los requisitos, y junto a Cataluña, solo en Castilla-La Mancha (73%) y Canarias (56%), las listas más votadas en los municipios donde se podrían declarar zonas de mercado tensionado está a favor de esta medida. En Castilla y León y Asturias hay un empate, mientras que en todos los municipios ‘tensionados’ de Aragón, Navarra y La Rioja, la formación más votada está en contra de limitar los precios del alquiler.

Las áreas tensionadas, en manos de las CCAA

Tal y como confirma, y quiere dejar bien claro, esta Ley por el Derecho a la Vivienda, las competencias en materia de vivienda están derivadas a las Comunidades Autónomas. Serán única y exclusivamente ellas las que tengan la potestad de declarar un área de mercado residencial tensionado, con el beneplácito del Gobierno central, a través del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

Con el mapa electoral de España tras el 28M, se confirma que las CCAA ‘populares’ no van a crear estas zonas tensionadas de alquiler. Ya gobiernan en Andalucía, Galicia y Castilla y León, donde no se realizaron elecciones autonómicas. Tras estos comicios, se confirman en Madrid y logran el cambio en La Rioja, donde han logrado mayoría absoluta en ambas regiones. En la Comunidad Valenciana, Cantabria, Baleares y Aragón, el PP fuer la formación más votada, y faltaría saber qué pasa en Extremadura, donde pueden gobernar con el apoyo de Vox, desbancando al PSOE.

En el País Vasco gobierna el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que votó en contra de la Ley de Vivienda en el Parlamento, mientras en Cataluña  lo hace Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), a favor del control de precios. En ambas comunidades tampoco hubo elecciones autonómicas. En Castilla-La Mancha, el PSOE obtuvo la mayoría absoluta, mientras en Asturias, los socialistas y sus socios obtuvieron los escaños necesarios para seguir gobernando.

En Canarias, al igual que en Extremadura, la formación más votada fue el PSOE, pero sin la mayoría suficiente, por lo que puede ser desbancado por un posible acuerdo en Coalición Canaria (CC) y PP. Lo mismo ocurre en el Navarra, donde pese a la victoria de Unión de Pueblo Navarro (UPN), en contra de la Ley de Vivienda, el acuerdo entre PSOE y las formaciones de izquierdas y la abstención de Bildu, puede mantenerles en el Ejecutivo navarro, a favor del control del alquiler.

Qué requisitos deben cumplirse para declarar una zona de mercado residencial tensionado

La Administración competente en materia de vivienda, en este caso las comunidades autónomas deben realizar un informe donde deberá fundamentar la existencia de desequilibrios en el mercado de la vivienda, que son:

a) Que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares.

b) Que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionado, un porcentaje de crecimiento acumulado al menos 3% superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo (IPC) de la CCAA correspondiente.

De hecho, el Govern catalán ha iniciado las actuaciones para definir las zonas en las que se limitará el precio de los alquileres residenciales en Cataluña. Se trata del trámite necesario para poder topar las rentas en aquellos ámbitos territoriales donde haya poca oferta de vivienda asequible. La Generalitat también ha reclamado por carta al Gobierno central la homologación del índice de referencia de los precios del alquiler catalán, ya vigente, y que será el indicador base para aplicar dicha regulación.

En la Comunitat Valenciana se ha dado el caso de que el gobierno saliente de Ximo Puig firmó justo antes de las elecciones del 28M la resolución por la que se inicia el procedimiento para la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Habrá que ver si el nuevo gobierno, tras la victoria del PP en la región, aunque sin la mayoría absoluta, sigue adelante o no con este procedimiento.

La vivienda, papel central en las autonómicas del 28M y en las próximas generales del 23J

Las políticas de vivienda entraron de lleno en la campaña de las pasadas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo y lo estarán durante estos dos próximos meses hasta las elecciones generales del 23 de julio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ‘bombardeó’ prácticamente cada comparecencia con anuncios de la movilización de viviendas de Sareb, de los suelos de Defensa para ampliar el parque público o avales para la compra y rehabilitación de las casas.

La propia Ley de Vivienda, que llevaba más de un año estancada en el Congreso de los Diputados, tuvo una tramitación exprés para poder entrar en vigor el 26 de mayo, dos días antes de las elecciones, donde trae consigo la regulación de los desahucios, la posibilidad de gravar más a las viviendas vacías, confirma el tope a la subida en la actualización de los contratos de alquiler, y creará uno nuevo índice de referencia, con el que se dirá adiós al IPC, además de nuevos incentivos fiscales para propietarios. La mayor polémica se centra en la figura del gran tenedor y deja en manos de las CCAA la creación de zonas tensionadas de alquiler que supondrán un control al mercado de arrendamiento.